Ilustración

Una muerte digna sería la que se corresponde con la dignidad intrínseca atribuida a aquel cuerpo humano que la sufre. Imagen: Thinkstock.

“¿Es la dignidad humana
un concepto útil en bioética o,
por el contrario,
es un concepto sin utilidad,
un vago sustituto
de otros conceptos más precisos?”
(Adam Schulman,
Human Dignity and Bioethics, 2008)

Esta dificultad se ha puesto de manifiesto, una vez más, en las contradictorias opiniones surgidas en la prensa, impresa y digital, al inicio de la pasada semana, como reacciones frente a una noticia (cuyos titulares mayoritariamente incluían la expresión muerte digna, rotunda y, al mismo tiempo, ambigua) acerca del anteproyecto de una ley de la muerte digna, aprobado por la Junta de Andalucía. Una ley limitada, por lo que se anuncia, al ámbito de los cuidados intensivos tecnológicamente avanzados, y cuyo objetivo es evitar esa “obstinación terapéutica” que, en pacientes moribundos sin posibilidades de recuperación para la vida, aplica con “ensañamiento” acciones instrumentales “cruentas” y “encarnizadas”.

¿Cuando y porqué una muerte, entendida como “cesación o término de la vida”, puede calificarse como digna? ¿Dónde radica la dignidad del morir? Desde luego, no en el penoso y estremecedor momento del cese definitivo de toda actividad biológica en un cuerpo humano, ese instante en el que deja de alentar la vida personal en el cuerpo moribundo, sino en la correlación culturalmente establecida entre el modo de morir y el concepto, ambiguo y subjetivo, de la dignidad humana, aunque universalmente incluido en todos los textos que definen los derechos humanos. Una dignidad que, ineludiblemente, ha de tener su asiento en el propio cuerpo y en la historia personal allí “incorporada”, por lo que se exige que éste sea tratado con el respeto debido a su especial naturaleza. La dignidad de una muerte, o su indignidad, una noción con un fuerte componente subjetivo, donde se hace objetiva, donde se representa, es en el cuerpo moribundo e inerme sobre el que “otros cuerpos” actúan con “intensidad” y apresuramiento para mantener el latido y el aliento, mediante la valoración simbólica que de este cuerpo y de su historia personal, digna o indigna, hace un grupo social determinado en un momento histórico concreto.

Una muerte digna sería, pues, la que se corresponde con la dignidad intrínseca atribuida a aquel cuerpo humano que la sufre, un amargo trance en el que se respeta la voluntad y la autonomía del moribundo, y/o de sus allegados, si el proceso biológico hacia lo irremediable es ya irreversible, una muerte en la que la agonía no es cruel ni degradante, sino “decorosa, tolerable, no dolorosa y en paz” (Daniel Callahan, Poner límites, Ed. Triacastela, 2004).

Una muerte digna sería, en principio, la que durante sus secuencias se tiene en cuenta la dignidad atribuida, como cualidad intrínseca a la condición humana, una dignidad que denota su excelencia en el orden de la naturaleza. En este sentido parece haber sido redactado el título de la citada ley de Andalucía (“Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las personas en el proceso de la muerte: derechos de los pacientes y deberes de los médicos”). Una ley que, según se anuncia, deja fuera de su ámbito a la eutanasia activa.

Pero lo cierto es que son los variados fundamentos conceptuales sobre los que, históricamente, se ha pretendido asentar la dignidad humana (procedentes de la antigüedad clásica, de las religiones bíblicas y de la filosofía kantiana con su fundamentación en lo racional) los que hacen aflorar, a la hora de definirla, los prejuicios ideológicos desde los cuales se elabora cada definición. En suma, la dificultad de definir lo que sea una muerte digna deriva de la dificultad de definir la dignidad humana, ese “especial merecimiento a la persona humana, por ser poseedora de la naturaleza humana que la hace ser tal”, tal como lo intenta con prudencia el Diccionario de Lengua de la Real Academia Española.

Las dificultades que presenta la definición de la dignidad humana se han hecho patentes, por ejemplo, en el extenso y polémico informe, bajo el formato de una colección de ensayos, elaborado por el Consejo de Bioética del Presidente de los Estados Unidos de América, presidido por E.O Pellegrino, profesor emérito de Medicina y Ética Médica de la Georgetown University, bajo el título “Human Dignity and Bioethics” (Dignidad humana y Bioética), dado a conocer en el mes de Marzo de este año. Un informe duramente criticado en la revisión crítica aparecida en The New England Journal of Medicine, del 7 de Agosto, por sus prejuicios ideológicos y por el uso abusivo de la palabra dignidad sin esclarecer su significado.

En pura lógica (se dice en la crítica) los autores del informe, tras defender que la dignidad es un atributo de todos los seres humanos, deberían incluir en sus conclusiones que esta dignidad humana exige también que la sociedad trate de remediar que millones de personas en todo el mundo sufran las consecuencias humillantes e inhumanas del hambre, el analfabetismo y la falta de asistencia sanitaria, en lugar de dedicar casi toda su atención a ocultar las complejidades reales de problemas religiosos y políticos tras la cortina de una evocación demasiado retórica de dicha dignidad.